martes, 31 de enero de 2012
EL COMANDANTE SLIM
Ciudad de México— El joven profesor de matemáticas Manuel López Mateos entró el 22 de enero de 1975 a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Estaba ahí para denunciar a Miguel Nazar Haro y Julián Slim Helú por secuestro y lesiones. Ellos eran agentes del grupo policial de fama más negra en la historia de México: la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Al calor de la Guerra Fría –bajo cuya lógica maniquea toda disidencia era “comunista”–las acusaciones contra aquella poderosa policía a las órdenes de la Secretaría de Gobernación eran inusuales: como primera línea de defensa contra los enemigos del Estado, la DFS era intocable. Todo valía “para garantizar la gobernabilidad”.
La denuncia de López Mateos nunca se investigó.
Treinta años después, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la Presidencia de la República. El Partido Acción Nacional (PAN) llegó al poder. La alternancia puso fin a siete décadas de monopolio partidista y se inició la época actual, de transición política.
Para investigar los asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante el conflicto al que absurdamente se le llama “la guerra sucia” (¿acaso existen “guerras limpias”?), el nuevo gobierno de Vicente Fox Quesada creó una Fiscalía Especial. De forma paralela, buena parte de los archivos de la antigua DFS se abrieron y con base en ellos se produjeron toneladas de notas periodísticas y textos académicos; libros de reflexión sobre aquellos años traumáticos, e informes especiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero de todo ello poco se tradujo en justicia. La impunidad prevaleció, ahora dispersa entre el caos “democrático”.
En uno de esos expedientes desclasificados y guardados en lo que habían sido las crujías de la antigua cárcel de Lecumberri –“El Palacio Negro”, le decían entonces–, hoy sede del Archivo General de la Nación, está guardada la reseña interna de la denuncia de López Mateos registrada bajo una averiguación previa de efímera duración: la 8430/SC/74.
El informe interno de la DFS al respecto dice:
El 22 de enero de 1975, Manuel López Mateos, (sobrino del ex presidente) presentó denuncia en la Procuraduría General de Justicia y Territorios federales, en contra de Miguel Nazar Haro y Julián Slim Helú, por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, motivo por lo que la mencionada Procuraduría, solicita la comparecencia de ambos Nazar y Slim ante la Mesa 15 a efecto de que rinda su declaración acerca de los hechos referidos en la denuncia.
El tono administrativo de la nota tuvo una respuesta inmediata y enfática. En el mismo documento oficial, marcado con la clave 21–500–75, una nota manuscrita ponía las cosas en su lugar, indicaba las prioridades del Estado y definía lo que tenían que hacer Nazar Haro y Slim Helú ante el citatorio del Poder Judicial:
De ninguna manera se presenten, por orden superior.
Y así fue.
La memoria en donde ardía
Estreché la mano de Manuel López Mateos a mediados de 2009 en la recepción de un lujoso hospital de la Ciudad de México. Estaba ahí para revisarse el corazón.
Aquel joven –que quizá por ser sobrino del expresidente Adolfo López Mateos se atrevió a denunciar a los intocables comandantes de la Dirección Federal de Seguridad– era ahora un hombre calvo y con gafas, que tenía a su cargo la dirección de la recién fundada Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Detrás de los lentes, su mirada sugería los episodios trágicos que vivió décadas atrás por los que yo quería entrevistarlo.
López Mateos se recargaba en el brazo de su esposa, que lo acompañaba mientras nos dirigíamos a la cafetería del hospital. Tras charlar de su natal Veracruz, de amigos en común y de la insurrección de Oaxaca en el 2006, le pregunté sobre su denuncia contra Nazar Haro y Slim Helú, quienes –según los archivos desclasificados– lo habían detenido bajo la sospecha de que pertenecía al grupo Unión del Pueblo, una organización armada cuyos fundadores, los hermanos Cruz Sánchez, siguen en la clandestinidad ahora y operan bajo las siglas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que persisten en el México del siglo XXI, además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
López Mateos pareció desconcertarse. Volteó a ver a su esposa y le acarició el rostro. Después me compartió su resumen de aquellos años: tras las masacres de estudiantes perpetradas por el régimen del PRI en 1968 y en 1971, aumentó el número de jóvenes que decidían encarar la represión gubernamental con grupos armados inspirados en Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara– dijo, aunque el gobierno de Cuba, en esos años, tenía mejor relación con el emblemático policía político de la época, Fernando Gutiérrez Barrios, que con cualquier dirigente guerrillero mexicano. Me habló luego del sueño revolucionario, la liberación de México y las características autoritarias del régimen cuya esquizofrénica naturaleza (revolucionaria pero institucional) hizo que fuera definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta”.
En 1974, alguno de aquellos grupos guerrilleros colocó una bomba en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde López Mateos estudió y apenas empezaba a impartir clases de matemáticas. El acto provocó que varios universitarios fueran detenidos y llevados a los separos de la DFS, sospechosos de ser los dinamiteros. Uno de ellos fue el sobrino del expresidente.
A López Mateos lo golpearon y encerraron a partir de la una de la tarde del 29 de noviembre de 1974 y por 24 horas en la sede policial ubicada junto al Monumento a la Revolución Mexicana. Frente al mausoleo nacional en el que yacen los restos de Pancho Villa y otros héroes de la patria, el agente Miguel Nazar Haro le daba puñetazos al “sospechoso”, a quien en los archivos se le clasifica como “elemento revolucionario”, aunque durante la golpiza se le decía “pinche revoltoso”.
Era la guerra
El principal grupo guerrillero de esos años fue la Liga Comunista 23 de Septiembre. En el otoño de 1973, la organización de inspiración marxista ejecutó las dos acciones más radicales de su breve existencia: el 17 de septiembre el empresario cervecero Eugenio Garza Sada fue asesinado en Monterrey por uno de los comandos de la Liga en un intento de secuestro; un mes después, otro comando guerrillero plagió en Guadalajara al cónsul británico Anthony Duncan Williams y al empresario del almidón Fernando Aranguren Castiello. Garza Sada era un dirigente carismático de Nuevo León –el estado más industrializado del México de esos tiempos–, mientras que Aranguren Castiello era uno de los líderes empresariales más destacados de la zona occidental del país.
La Liga expresó sus demandas: a cambio de liberar a Duncan Williams y a Aranguren Castiello pedían 200 mil dólares y el traslado de 51 opositores presos a Corea del Norte. El gobierno rechazó el emplazamiento a través de un mensaje de radio transmitido en cadena nacional. Un día después, el cónsul británico fue liberado, aunque Aranguren no corrió con la misma suerte: fue ejecutado a sangre fría y su cadáver encontrado en la cajuela de un automóvil abandonado.
Los grupos económicos de Monterrey y Guadalajara ya estaban enemistados con el presidente Luis Echeverría Álvarez debido a su discurso nacionalista, a la buena relación que tenía con Fidel Castro, y a que había emprendido programas sociales que ellos veían como protocomunistas. Tras los crímenes de Garza Sada y Aranguren Castiello, arreció la disputa entre los empresarios y el régimen. Algunos líderes patronales de Monterrey desconfiaban del gobierno, incluso al grado de sospechar que el presidente Echeverría había ordenado los asesinatos de ambos empresarios y trataba de encubrirlos haciéndolos pasar como una acción de la guerrilla.
La tensión aumentó y la DFS recibió la orden de encontrar de inmediato a los autores materiales e intelectuales de los dos asesinatos para contener los reclamos empresariales y proteger así al titular del Poder Ejecutivo. La cacería de los guerrilleros se desató en invierno y no se prolongó demasiado: en los primeros días de febrero de 1974 aparecieron muertos los dos dirigentes nacionales de la Liga Comunista 23 de Septiembre que habían planeado los secuestros de los empresarios. La geografía de los hallazgos no fue casual: el cadáver de José Ignacio Olivares Torres fue arrojado en el cruce de las calles Altos Hornos y Metalúrgica, de Guadalajara... muy cerca de la casa de la familia del empresario Aranguren. El cuerpo del otro dirigente guerrillero, Salvador Corral García, apareció en un lote baldío de la colonia Fuentes del Valle, de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio donde residían los deudos del empresario Garza Sada.
Ambos guerrilleros tenían señales de haber sido largamente torturados antes de su ejecución.
El tributo
Con la lectura de los archivos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad puede conocerse con mayor detalle la forma en que reaccionó la corporación ante los asesinatos de Garza Sada y Aranguren Castiello, y el afán con que buscó a los guerrilleros involucrados.
Los redactores habituales de la corporación eran policías anónimos con un nivel medio de estudios. Algunos tenían inquietudes literarias y una prosa de extravagante precisión, con guiños infrarrealistas. A Salvador Corral García se le describe así en uno de los reportes: “Tiene 26 años de edad. 1.63 metros de estatura. Complexión delgada. Color blanco. Pelo castaño, semi-quebrado y abundante (acostumbra peinarse de raya). Ojos negros, vivaces y profundos. Nariz roma, grande. Boca regular. Labios gruesos. Barba cerrada. Mentón agudo. El pabellón de la oreja izquierda, más abierto que el de la derecha. Medio jorobado o de espaldas cargadas. Camina en forma peculiar porque tiene los pies planos. Mueve mucho los brazos al andar”.
Otros expedientes de la pesquisa de los asesinos de Aranguren Castiello y Garza Sada tan sólo contienen notas periodísticas plagadas de eufemismos y que ofrecen poca información. Pero hay un documento, asegurado en 2005 mediante una diligencia solicitada por la investigadora Ángeles Magdaleno “para evitar la mutilación de documentos clave en los trabajos de nuestra memoria histórica”. Se trata del expediente 11–235–L6, que de la página 163 a 167 consigna la presencia del guerrillero Salvador Corral García en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1974, donde fue interrogado “por el licenciado Julián Slim H. quien se desempeñaba como jefe del Departamento Jurídico de la DFS”.
Este documento demuestra algo que hace 30 años se dio como un hecho en los círculos opositores al gobierno, pese a que no se conocían las pruebas oficiales que lo probaran: que el guerrillero Salvador Corral García había sido detenido en Sinaloa y llevado a la Ciudad de México para ser interrogado, y que cinco días después fue asesinado y su cadáver acabó siendo arrojado en San Pedro Garza García, Nuevo León, como tributo de sangre ofrendado por el gobierno priísta al empresariado mexicano.
Un policía limpio en una guerra sucia
En 2006, tras conocerse los informes con los resultados de las investigaciones especiales de la guerra sucia, tanto de la CNDH como de la Fiscalía Especial, éstos fueron menospreciados y criticados prácticamente por todos los involucrados: por un lado, los funcionarios y exfuncionarios señalados descalificaron las conclusiones al tacharlas de “tendenciosas”; lo mismo pasó con los familiares de las víctimas y los antiguos guerrilleros, para quienes los reportes eran insuficientes y sus conclusiones encubridoras. En suma, la memoria oficial que se trató de hacer de aquellos años turbios recibió pocos comentarios encomiásticos.
En ambos informes hay reportes internos y cientos de testimonios recogidos después de 30 años. En esos documentos están las voces contundentes que confirman, una tras otra, secretos que ya no se pueden negar: el hecho de que en la DFS la tortura era un método común de investigación policial, que la DFS era la principal máquina represiva del poder y que hubo cientos de testigos y víctimas de sus atrocidades.
Luego de ser detenidas –la mayoría de las veces sin órdenes judiciales de por medio– las personas eran interrogadas con los ojos vendados y se les obligaba a firmar declaraciones y confesiones a base de amenazas, golpes y tortura con toques de corriente eléctrica en los genitales. O se les desaparecía para siempre. Son tantos los casos y tan vasta la documentación al respecto que se necesitarían entre 800 y 900 notas a pie de página para incluir a cada una de las víctimas en este reportaje.
También aparecen los nombres de casi un centenar de policías que participaron en esta guerra sucia: Arturo Durazo Moreno, Salomón Tanús, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún Baca, Luis de la Barreda Moreno, Francisco Quirós Hermosillo, José Guadalupe Estrella, Florentino Ventura, Miguel Nazar Haro... Sin embargo, un nombre que nunca se menciona en los informes históricos de la CNDH ni de la Fiscalía Especial es el de Julián Slim Helú, quien ni siquiera fue citado a declarar como testigo, como sí sucedió con la mayoría de los policías de la DFS.
El comandante Slim
El 27 de mayo de 2008, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicité a la PGR el expediente laboral de Julián Slim Helú sin la certeza de que realmente existiera. El 3 de julio, la Unidad de Enlace de la PGR me respondió: sí había un expediente de un policía con ese nombre, pero no podía entregarlo debido a que era información confidencial. Apelé la decisión de la PGR con el argumento de que el policía Slim Helú ya no estaba en funciones y habían transcurrido los 20 años reglamentarios para mantener bajo reserva cualquier documento catalogado como confidencial.
Convencida de que debía hacerse pública dicha documentación, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, tomó el caso y me ayudó a ganar el recurso de revisión, un año después. El IFAI exigió a la PGR entregarme el expediente donde constaba que Julián Slim Helú había iniciado labores como primer comandante de la PGR el 16 de junio de 1983 y había renunciado el 7 de junio de 1984, una semana después de la muerte del entonces columnista político más influyente de México, Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado por un pistolero contratado por la DFS.
De acuerdo con el expediente, Julián Slim Helú tenía el cargo de primer comandante de la Policía Judicial Federal. Estaba adscrito al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y su clave de cobro era la No. 17007011500.0. Recibía un sueldo mensual de 21 mil 240 pesos y un sobresueldo de 7 mil 434 pesos. En el rubro de “Percepciones extraordinarias variables” puede leerse que además le pagaban una “compensación adicional por servicios especiales” de 47 mil 326 pesos”, es decir, una cantidad mayor que la cifra conjunta del sueldo y sobresueldo que recibía. En total sus ingresos alcanzaban la cifra de los 76 mil pesos mensuales. Los cheques que cobraba estaban firmados por Carlos Madrazo Pintado, hermano de Roberto, candidato presidencial priísta en 2006. Además, el comandante Slim Helú contaba con un seguro de vida por un millón de pesos, contratado con la Aseguradora Hidalgo.
De acuerdo con el documento que conseguí vía la Ley de Transparencia, Slim Helú recibió su cartilla militar el 18 de marzo de 1952, tras acudir a 50 sesiones del Ejército Mexicano y ser calificado positivamente por su conducta, aplicación y aprovechamiento. Asimismo, la cédula profesional 106050 lo acreditaba como licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, la precisión de algunos datos contrasta con la oscuridad de otros. Los motivos de su salida de la PGR no quedan claros.
Nadie se acuerda del otro Helú
Julián Slim Helú falleció la tarde del jueves 17 de febrero de 2011, a la edad de 74 años. Su cuerpo fue velado en su propia residencia ubicada en calle Sierra Leona, de la colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal. La noticia de su muerte tuvo escasa repercusión en los diarios de circulación nacional, enfocados al día siguiente en la tristeza diaria que hoy es el país a causa de la llamada guerra del narco, en más de un sentido ligada a la guerra sucia que vivió México en los setenta.
En aquella fecha, Milenio, El Universal, Reforma y La Jornada publicaron en sus portadas fotos de las 30 mil velas que se encendieron en la explanada de la UNAM, tras la primera marcha que hubo en el Distrito Federal por los (en ese momento) 30 mil muertos desde el 1 de diciembre de 2006 en que tomó protesta el presidente Felipe Calderón. Los columnistas políticos tampoco mencionaron la muerte de Julián Slim Helú. En cambio, algunos resaltaron las promesas del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, de depurar a los corrompidos cuerpos policiales del país para remontar, ahora sí, la guerra fallida.
Fue Excélsior el diario que dedicó el mayor espacio a la noticia de la muerte de Julián Slim Helú, así como a los eventos luctuosos que le siguieron. De acuerdo con la crónica firmada por la redacción, en el velorio del antiguo comandante lo mismo pudo verse al exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett que al presidente de Banamex, Alfredo Harp Helú; al rector de la UNAM, José Narro, y al presidente de Kimberly Clark, Claudio X. González; al jefe de la policía del Distrito Federal, Manuel Mondragón, y al cantante Chamín Correa.
Héctor Slim Seade, el cuarto hijo de Julián Slim Helú, actual director general de Telmex, así como su tío Carlos Slim Helú, fueron los deudos más abrazados y consolados. El sábado 19 de febrero, ambos entraron juntos al Panteón Francés, donde una carroza fúnebre transportó, a las cuatro en punto de la tarde, el cuerpo de Julián Slim Helú en un ataúd de caoba. Tras una breve ceremonia de despedida y ante pocas personas, el cuerpo del policía fue acomodado en un mausoleo.
Localizado a la entrada del panteón el monumento sobresale por el busto esculpido de Julián Slim Haddad, el patriarca de la familia de Carlos, el hombre más rico del mundo, y de Julián, el policía de la guerra sucia del que nadie se acuerda.
Al calor de la Guerra Fría –bajo cuya lógica maniquea toda disidencia era “comunista”–las acusaciones contra aquella poderosa policía a las órdenes de la Secretaría de Gobernación eran inusuales: como primera línea de defensa contra los enemigos del Estado, la DFS era intocable. Todo valía “para garantizar la gobernabilidad”.
La denuncia de López Mateos nunca se investigó.
Treinta años después, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la Presidencia de la República. El Partido Acción Nacional (PAN) llegó al poder. La alternancia puso fin a siete décadas de monopolio partidista y se inició la época actual, de transición política.
Para investigar los asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante el conflicto al que absurdamente se le llama “la guerra sucia” (¿acaso existen “guerras limpias”?), el nuevo gobierno de Vicente Fox Quesada creó una Fiscalía Especial. De forma paralela, buena parte de los archivos de la antigua DFS se abrieron y con base en ellos se produjeron toneladas de notas periodísticas y textos académicos; libros de reflexión sobre aquellos años traumáticos, e informes especiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero de todo ello poco se tradujo en justicia. La impunidad prevaleció, ahora dispersa entre el caos “democrático”.
En uno de esos expedientes desclasificados y guardados en lo que habían sido las crujías de la antigua cárcel de Lecumberri –“El Palacio Negro”, le decían entonces–, hoy sede del Archivo General de la Nación, está guardada la reseña interna de la denuncia de López Mateos registrada bajo una averiguación previa de efímera duración: la 8430/SC/74.
El informe interno de la DFS al respecto dice:
El 22 de enero de 1975, Manuel López Mateos, (sobrino del ex presidente) presentó denuncia en la Procuraduría General de Justicia y Territorios federales, en contra de Miguel Nazar Haro y Julián Slim Helú, por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, motivo por lo que la mencionada Procuraduría, solicita la comparecencia de ambos Nazar y Slim ante la Mesa 15 a efecto de que rinda su declaración acerca de los hechos referidos en la denuncia.
El tono administrativo de la nota tuvo una respuesta inmediata y enfática. En el mismo documento oficial, marcado con la clave 21–500–75, una nota manuscrita ponía las cosas en su lugar, indicaba las prioridades del Estado y definía lo que tenían que hacer Nazar Haro y Slim Helú ante el citatorio del Poder Judicial:
De ninguna manera se presenten, por orden superior.
Y así fue.
La memoria en donde ardía
Estreché la mano de Manuel López Mateos a mediados de 2009 en la recepción de un lujoso hospital de la Ciudad de México. Estaba ahí para revisarse el corazón.
Aquel joven –que quizá por ser sobrino del expresidente Adolfo López Mateos se atrevió a denunciar a los intocables comandantes de la Dirección Federal de Seguridad– era ahora un hombre calvo y con gafas, que tenía a su cargo la dirección de la recién fundada Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Detrás de los lentes, su mirada sugería los episodios trágicos que vivió décadas atrás por los que yo quería entrevistarlo.
López Mateos se recargaba en el brazo de su esposa, que lo acompañaba mientras nos dirigíamos a la cafetería del hospital. Tras charlar de su natal Veracruz, de amigos en común y de la insurrección de Oaxaca en el 2006, le pregunté sobre su denuncia contra Nazar Haro y Slim Helú, quienes –según los archivos desclasificados– lo habían detenido bajo la sospecha de que pertenecía al grupo Unión del Pueblo, una organización armada cuyos fundadores, los hermanos Cruz Sánchez, siguen en la clandestinidad ahora y operan bajo las siglas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que persisten en el México del siglo XXI, además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
López Mateos pareció desconcertarse. Volteó a ver a su esposa y le acarició el rostro. Después me compartió su resumen de aquellos años: tras las masacres de estudiantes perpetradas por el régimen del PRI en 1968 y en 1971, aumentó el número de jóvenes que decidían encarar la represión gubernamental con grupos armados inspirados en Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara– dijo, aunque el gobierno de Cuba, en esos años, tenía mejor relación con el emblemático policía político de la época, Fernando Gutiérrez Barrios, que con cualquier dirigente guerrillero mexicano. Me habló luego del sueño revolucionario, la liberación de México y las características autoritarias del régimen cuya esquizofrénica naturaleza (revolucionaria pero institucional) hizo que fuera definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta”.
En 1974, alguno de aquellos grupos guerrilleros colocó una bomba en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde López Mateos estudió y apenas empezaba a impartir clases de matemáticas. El acto provocó que varios universitarios fueran detenidos y llevados a los separos de la DFS, sospechosos de ser los dinamiteros. Uno de ellos fue el sobrino del expresidente.
A López Mateos lo golpearon y encerraron a partir de la una de la tarde del 29 de noviembre de 1974 y por 24 horas en la sede policial ubicada junto al Monumento a la Revolución Mexicana. Frente al mausoleo nacional en el que yacen los restos de Pancho Villa y otros héroes de la patria, el agente Miguel Nazar Haro le daba puñetazos al “sospechoso”, a quien en los archivos se le clasifica como “elemento revolucionario”, aunque durante la golpiza se le decía “pinche revoltoso”.
Era la guerra
El principal grupo guerrillero de esos años fue la Liga Comunista 23 de Septiembre. En el otoño de 1973, la organización de inspiración marxista ejecutó las dos acciones más radicales de su breve existencia: el 17 de septiembre el empresario cervecero Eugenio Garza Sada fue asesinado en Monterrey por uno de los comandos de la Liga en un intento de secuestro; un mes después, otro comando guerrillero plagió en Guadalajara al cónsul británico Anthony Duncan Williams y al empresario del almidón Fernando Aranguren Castiello. Garza Sada era un dirigente carismático de Nuevo León –el estado más industrializado del México de esos tiempos–, mientras que Aranguren Castiello era uno de los líderes empresariales más destacados de la zona occidental del país.
La Liga expresó sus demandas: a cambio de liberar a Duncan Williams y a Aranguren Castiello pedían 200 mil dólares y el traslado de 51 opositores presos a Corea del Norte. El gobierno rechazó el emplazamiento a través de un mensaje de radio transmitido en cadena nacional. Un día después, el cónsul británico fue liberado, aunque Aranguren no corrió con la misma suerte: fue ejecutado a sangre fría y su cadáver encontrado en la cajuela de un automóvil abandonado.
Los grupos económicos de Monterrey y Guadalajara ya estaban enemistados con el presidente Luis Echeverría Álvarez debido a su discurso nacionalista, a la buena relación que tenía con Fidel Castro, y a que había emprendido programas sociales que ellos veían como protocomunistas. Tras los crímenes de Garza Sada y Aranguren Castiello, arreció la disputa entre los empresarios y el régimen. Algunos líderes patronales de Monterrey desconfiaban del gobierno, incluso al grado de sospechar que el presidente Echeverría había ordenado los asesinatos de ambos empresarios y trataba de encubrirlos haciéndolos pasar como una acción de la guerrilla.
La tensión aumentó y la DFS recibió la orden de encontrar de inmediato a los autores materiales e intelectuales de los dos asesinatos para contener los reclamos empresariales y proteger así al titular del Poder Ejecutivo. La cacería de los guerrilleros se desató en invierno y no se prolongó demasiado: en los primeros días de febrero de 1974 aparecieron muertos los dos dirigentes nacionales de la Liga Comunista 23 de Septiembre que habían planeado los secuestros de los empresarios. La geografía de los hallazgos no fue casual: el cadáver de José Ignacio Olivares Torres fue arrojado en el cruce de las calles Altos Hornos y Metalúrgica, de Guadalajara... muy cerca de la casa de la familia del empresario Aranguren. El cuerpo del otro dirigente guerrillero, Salvador Corral García, apareció en un lote baldío de la colonia Fuentes del Valle, de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio donde residían los deudos del empresario Garza Sada.
Ambos guerrilleros tenían señales de haber sido largamente torturados antes de su ejecución.
El tributo
Con la lectura de los archivos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad puede conocerse con mayor detalle la forma en que reaccionó la corporación ante los asesinatos de Garza Sada y Aranguren Castiello, y el afán con que buscó a los guerrilleros involucrados.
Los redactores habituales de la corporación eran policías anónimos con un nivel medio de estudios. Algunos tenían inquietudes literarias y una prosa de extravagante precisión, con guiños infrarrealistas. A Salvador Corral García se le describe así en uno de los reportes: “Tiene 26 años de edad. 1.63 metros de estatura. Complexión delgada. Color blanco. Pelo castaño, semi-quebrado y abundante (acostumbra peinarse de raya). Ojos negros, vivaces y profundos. Nariz roma, grande. Boca regular. Labios gruesos. Barba cerrada. Mentón agudo. El pabellón de la oreja izquierda, más abierto que el de la derecha. Medio jorobado o de espaldas cargadas. Camina en forma peculiar porque tiene los pies planos. Mueve mucho los brazos al andar”.
Otros expedientes de la pesquisa de los asesinos de Aranguren Castiello y Garza Sada tan sólo contienen notas periodísticas plagadas de eufemismos y que ofrecen poca información. Pero hay un documento, asegurado en 2005 mediante una diligencia solicitada por la investigadora Ángeles Magdaleno “para evitar la mutilación de documentos clave en los trabajos de nuestra memoria histórica”. Se trata del expediente 11–235–L6, que de la página 163 a 167 consigna la presencia del guerrillero Salvador Corral García en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1974, donde fue interrogado “por el licenciado Julián Slim H. quien se desempeñaba como jefe del Departamento Jurídico de la DFS”.
Este documento demuestra algo que hace 30 años se dio como un hecho en los círculos opositores al gobierno, pese a que no se conocían las pruebas oficiales que lo probaran: que el guerrillero Salvador Corral García había sido detenido en Sinaloa y llevado a la Ciudad de México para ser interrogado, y que cinco días después fue asesinado y su cadáver acabó siendo arrojado en San Pedro Garza García, Nuevo León, como tributo de sangre ofrendado por el gobierno priísta al empresariado mexicano.
Un policía limpio en una guerra sucia
En 2006, tras conocerse los informes con los resultados de las investigaciones especiales de la guerra sucia, tanto de la CNDH como de la Fiscalía Especial, éstos fueron menospreciados y criticados prácticamente por todos los involucrados: por un lado, los funcionarios y exfuncionarios señalados descalificaron las conclusiones al tacharlas de “tendenciosas”; lo mismo pasó con los familiares de las víctimas y los antiguos guerrilleros, para quienes los reportes eran insuficientes y sus conclusiones encubridoras. En suma, la memoria oficial que se trató de hacer de aquellos años turbios recibió pocos comentarios encomiásticos.
En ambos informes hay reportes internos y cientos de testimonios recogidos después de 30 años. En esos documentos están las voces contundentes que confirman, una tras otra, secretos que ya no se pueden negar: el hecho de que en la DFS la tortura era un método común de investigación policial, que la DFS era la principal máquina represiva del poder y que hubo cientos de testigos y víctimas de sus atrocidades.
Luego de ser detenidas –la mayoría de las veces sin órdenes judiciales de por medio– las personas eran interrogadas con los ojos vendados y se les obligaba a firmar declaraciones y confesiones a base de amenazas, golpes y tortura con toques de corriente eléctrica en los genitales. O se les desaparecía para siempre. Son tantos los casos y tan vasta la documentación al respecto que se necesitarían entre 800 y 900 notas a pie de página para incluir a cada una de las víctimas en este reportaje.
También aparecen los nombres de casi un centenar de policías que participaron en esta guerra sucia: Arturo Durazo Moreno, Salomón Tanús, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún Baca, Luis de la Barreda Moreno, Francisco Quirós Hermosillo, José Guadalupe Estrella, Florentino Ventura, Miguel Nazar Haro... Sin embargo, un nombre que nunca se menciona en los informes históricos de la CNDH ni de la Fiscalía Especial es el de Julián Slim Helú, quien ni siquiera fue citado a declarar como testigo, como sí sucedió con la mayoría de los policías de la DFS.
El comandante Slim
El 27 de mayo de 2008, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicité a la PGR el expediente laboral de Julián Slim Helú sin la certeza de que realmente existiera. El 3 de julio, la Unidad de Enlace de la PGR me respondió: sí había un expediente de un policía con ese nombre, pero no podía entregarlo debido a que era información confidencial. Apelé la decisión de la PGR con el argumento de que el policía Slim Helú ya no estaba en funciones y habían transcurrido los 20 años reglamentarios para mantener bajo reserva cualquier documento catalogado como confidencial.
Convencida de que debía hacerse pública dicha documentación, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, tomó el caso y me ayudó a ganar el recurso de revisión, un año después. El IFAI exigió a la PGR entregarme el expediente donde constaba que Julián Slim Helú había iniciado labores como primer comandante de la PGR el 16 de junio de 1983 y había renunciado el 7 de junio de 1984, una semana después de la muerte del entonces columnista político más influyente de México, Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado por un pistolero contratado por la DFS.
De acuerdo con el expediente, Julián Slim Helú tenía el cargo de primer comandante de la Policía Judicial Federal. Estaba adscrito al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y su clave de cobro era la No. 17007011500.0. Recibía un sueldo mensual de 21 mil 240 pesos y un sobresueldo de 7 mil 434 pesos. En el rubro de “Percepciones extraordinarias variables” puede leerse que además le pagaban una “compensación adicional por servicios especiales” de 47 mil 326 pesos”, es decir, una cantidad mayor que la cifra conjunta del sueldo y sobresueldo que recibía. En total sus ingresos alcanzaban la cifra de los 76 mil pesos mensuales. Los cheques que cobraba estaban firmados por Carlos Madrazo Pintado, hermano de Roberto, candidato presidencial priísta en 2006. Además, el comandante Slim Helú contaba con un seguro de vida por un millón de pesos, contratado con la Aseguradora Hidalgo.
De acuerdo con el documento que conseguí vía la Ley de Transparencia, Slim Helú recibió su cartilla militar el 18 de marzo de 1952, tras acudir a 50 sesiones del Ejército Mexicano y ser calificado positivamente por su conducta, aplicación y aprovechamiento. Asimismo, la cédula profesional 106050 lo acreditaba como licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, la precisión de algunos datos contrasta con la oscuridad de otros. Los motivos de su salida de la PGR no quedan claros.
Nadie se acuerda del otro Helú
Julián Slim Helú falleció la tarde del jueves 17 de febrero de 2011, a la edad de 74 años. Su cuerpo fue velado en su propia residencia ubicada en calle Sierra Leona, de la colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal. La noticia de su muerte tuvo escasa repercusión en los diarios de circulación nacional, enfocados al día siguiente en la tristeza diaria que hoy es el país a causa de la llamada guerra del narco, en más de un sentido ligada a la guerra sucia que vivió México en los setenta.
En aquella fecha, Milenio, El Universal, Reforma y La Jornada publicaron en sus portadas fotos de las 30 mil velas que se encendieron en la explanada de la UNAM, tras la primera marcha que hubo en el Distrito Federal por los (en ese momento) 30 mil muertos desde el 1 de diciembre de 2006 en que tomó protesta el presidente Felipe Calderón. Los columnistas políticos tampoco mencionaron la muerte de Julián Slim Helú. En cambio, algunos resaltaron las promesas del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, de depurar a los corrompidos cuerpos policiales del país para remontar, ahora sí, la guerra fallida.
Fue Excélsior el diario que dedicó el mayor espacio a la noticia de la muerte de Julián Slim Helú, así como a los eventos luctuosos que le siguieron. De acuerdo con la crónica firmada por la redacción, en el velorio del antiguo comandante lo mismo pudo verse al exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett que al presidente de Banamex, Alfredo Harp Helú; al rector de la UNAM, José Narro, y al presidente de Kimberly Clark, Claudio X. González; al jefe de la policía del Distrito Federal, Manuel Mondragón, y al cantante Chamín Correa.
Héctor Slim Seade, el cuarto hijo de Julián Slim Helú, actual director general de Telmex, así como su tío Carlos Slim Helú, fueron los deudos más abrazados y consolados. El sábado 19 de febrero, ambos entraron juntos al Panteón Francés, donde una carroza fúnebre transportó, a las cuatro en punto de la tarde, el cuerpo de Julián Slim Helú en un ataúd de caoba. Tras una breve ceremonia de despedida y ante pocas personas, el cuerpo del policía fue acomodado en un mausoleo.
Localizado a la entrada del panteón el monumento sobresale por el busto esculpido de Julián Slim Haddad, el patriarca de la familia de Carlos, el hombre más rico del mundo, y de Julián, el policía de la guerra sucia del que nadie se acuerda.
La PGR confirma que monitorea a “exservidores públicos” de Tamaulipas
MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que giró la instrucción de vigilar los viajes aéreos de “exservidores públicos” de Tamaulipas.
La dependencia publicó un comunicado la madrugada de este martes, después de guardar silencio durante casi un día ante la filtración de que había girado una alerta migratoria contra los exgobernadores Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cabazos Lerma.
La PGR aclaró que solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre los registros de entrada y salida al país, mas no una alerta migratoria.
En el boletín, la dependencia nunca precisa que investiga a los exgobernadores de Tamaulipas, a pesar de que Cabazos Lerma anunció que demandará a la dependencia por iniciar una persecución política en su contra.
La PGR informó que el comandante del aeropuerto de Tampico emitió un oficio para solicitar que los ciudadanos incluidos en la lista de la PGR no salieran del país. En respuesta, la SCT lo separó de sus funciones, bajo el argumento de que se “extralimitó” en su cargo.
viernes, 27 de enero de 2012
Aristegui - Miguel De La Madrid Y Sus Declaraciones Contra Salinas 1/2
@Anticorrupcion_: Recuerden q Miguel De La Madrid fue quien revelo que expresidentes #PRI pactaban con el narco! Aquí esta la grabación
Polémica en Italia por sacerdote que aseguró irse a un retiro espiritual y terminó en el "Costa Concordia"
Massimo Dongui, sacerdote de la la localidad de Besana Brianza, ha desatado las críticas de la comunidad de su iglesia tras conocerce que mintió al asegurar que se iba a un monasterio para reencontrarse con Dios y terminó de vacaciones en el accidentado crucero "Costa Concodia"·
Al parecer, "Don Massimo" (como es llamado), no se encontraba solo en la embarcación sino que estaba acompañado de sus familiares.
La polémica se desató cuando su sobrina, quien también se encontraba en el barco, publicó una foto del paseo en Facebook la misma noche del naufragio y aseguró en un comentario que su abuela, ella y su tío ( Don Massimo) se encontraban bien.
El diario Leggo.it, asegura que la comunidad de Besana Brianza no se encuentra indignada por el viaje del cura sino por la manera como mintió sobre lo que realmente iba hacer.
El crucero Costa Concordia, en el que viajaban 4.229 personas, de ellas 3.209 pasajeros, encalló frente a las costas de la isla del Giglio, en el mar Tirreno, en la noche del 13 de enero.
Las víctimas mortales del naufragio son por el momento 16, entre ellas un español y un peruano, y continúa la búsqueda de 22 personas que resultan desaparecidas.
La naviera admitió que el naufragio se produjo después de que el capitán del crucero, Francesco Schettino, actualmente en arresto domiciliario, decidiese sin autorización ninguna acercarse a la costa de la isla y en esta maniobra impactó contra un escollo, que provocó la rotura del casco y el consecuente embarco de agua.
Anonymous ataca a gobierno Mexicano por Ley Doring
Tras la polémica desatada por diferentes iniciativas legislativas, el colectivo Anonymous arremetió contra el gobierno mexicano por la criticada ley Doring.
Este proyecto es impulsado por el político conservador Federico Döring, quien ha recibido la ira de la red por pretender aplicar una ley que según los que están en contra de esta disposición, viola la privacidad y/o la presunción de inocencia de cualquier persona.
Por su parte, el grupo hacktivista, emprendió su ataque a través de la operación #OPDoring en la que realizó un ataque de negación de servicio contra el senado mexicano.
Tanto http://www.gobernacion.gob.mx/ como http://www.senado.gob.mx/ fueron inhabilitados debido a la saturación de sus servidores, medida realizada en señal de protesta.
jueves, 26 de enero de 2012
Gobierno mexicano niega déficit de antigripales para combatir virus AH1N
El Gobierno mexicano aseguró este jueves tener suficientes medicamentos antivirales en el sistema público de salud para hacer frente a la alta incidencia del virus AH1N1, causante de la Gripe A, que ha causado al menos 19 muertes este año.
"El sistema de salud del país tiene suficiencia en cuanto a Oseltamivir", el antiviral utilizado contra el AH1N1, así como "una reserva estratégica de poco más de 1,4 millones de tratamientos", dijo el secretario de Salud, Salomón Chertorivski.
En declaraciones a un medio local, sostuvo que "no hay ninguna alarma" para hacer frente a estos y otros casos de influenza, aunque reconoció que en los últimos días ha habido un déficit de Oseltamivir en las farmacias privadas.
"Este es un hecho que deriva (...) del propio mercado. Había poco desplazamiento del medicamento. Las farmacias no hicieron pedidos a las farmacéuticas, pero estas (...) tienen inventario de sobra y estaban esperando los pedidos", agregó.
No obstante, adelantó que esa situación deficitaria "se debe resolver en los próximos días".
La Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República mexicana (Diprofar) publicó el jueves un mensaje en el informa que "el laboratorio fabricante y los distribuidores especializados de medicamentos cuentan con suficiente inventario (...) para abastecer a todas las farmacias que lo soliciten".
Chertorivski señaló que si un ciudadano careciera del tratamiento contra la gripe A, puede obtenerlo en el Hospital General de México siempre y cuando presente una receta, algo que hasta el momento han hecho 55 personas.
Casos registrados en 2012
Según datos del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) proporcionados por la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han confirmado por laboratorio 573 casos y 9 defunciones por la Gripe A, que en todo 2011 causó 31 fallecimientos.
No obstante, datos de distintos estados recabados por una agencia internacional aún sin incluir en la estadística nacional, elevan a 19 las muertes por Gripe A en 2012.
Las entidades que reportan mayor número de fallecimientos en lo que va de 2012 son el central Estado de México (cinco), Oaxaca (cuatro) y Querétaro (dos).
El secretario de Salud de Querétaro, Mario García Feregrino, explicó a la agencia internacional que se trata "solo de un brote", no de una epidemia como la registrada en 2009, y exhortó a la población a "no caer en pánico, sino a tomar las medidas preventivas".
"Tenemos que aprender a vivir con los virus que están mutando", indicó García, quien recordó que en 2009 el problema fue que el AH1N1 era "un virus completamente desconocido para todos".
En ese año México reportó los primeros casos de muertes por el entonces nuevo virus de la Gripe A, de fácil contagio, pero de baja letalidad.
Recuento del impacto de la enfermedad
Desde que estalló la epidemia, en abril del 2009, y hasta que fue levantada la alerta, en junio del 2010, un total de mil 316 personas murieron a causa de esa enfermedad, según datos oficiales, y más de 72 mil personas fueron contagiadas por el virus.
"Aprendimos mucho del virus" y "ahora tendrá un repunte", por lo que ya están en marcha campañas de vacunación y promoción de medidas como el lavado de manos y evitar lugares públicos cuando se presentan los síntomas, afirmó el secretario de Salud de Querétaro.
De acuerdo con las Unidades de Salud Monitoras de Influenza, en la primera semana de 2012 en siete de cada mil consultas por enfermedad respiratoria, fueron pacientes con síntomas semejantes a influenza, siendo una prevalencia muy por abajo del indicador de alarma que es de veinte por mil.
Chertorivski recomendó el jueves la aplicación de vacuna en grupos de riesgo, esto es, los niños entre seis meses y cinco años, los adultos de más de 60, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas como cáncer o diabetes.
"El 94 % de los casos confirmados hoy en día no se habían vacunado, y sabemos que más del 99% de los pacientes se curan con el tratamiento", indicó.
Los síntomas de la Gripe A son dolor de cabeza, garganta, en los músculos y las articulaciones, tos, dificultades para respirar y fiebre superior a 38,5 grados.
Twitter ahora podrá censurar tweets por solicitudes legales en ciertos países
Hasta ahora Twitter no poseía la capacidad para censurar cuentas o mensajes para impedir que fueran vistos por usuarios en países en particular, ni aunque les fuera solicitado mediante requerimientos legales. Pero a partir de este momento eso ya no es más así. No obstante, a pesar de que la red social de microblogging sostiene que aún no ha implementado este nuevo “poder”, cualquier información no dada a conocer será revelada.
“A medida que seguimos creciendo internacionalmente, entraremos en países que tienen ideas diferentes sobre los contornos de la libertad de expresión. Algunos difieren demasiado de nuestras ideas, que no podremos existir ahí. Otros son similares, pero por razones históricas o culturales, restringen ciertos tipos de contenido, como Francia o Alemania, que prohíben contenidos pro-nazi”, explicó Twitter en su blog.
“Hasta ahora, la única manera en que podíamos tomar en cuenta esos límites de países era quitando el contenido a nivel global. A partir de hoy, nos damos la capacidad de ocultar contenido de manera reactiva para usuarios de un país en específico, mientras lo mantenemos para el resto del mundo. También hemos integrado una forma para comunicarle a los usuarios de manera transparente cuando algún contenido es retenido y las razones para ello”, ahondó la compañía.
Nada de qué temer, aparentemente.
Así, por ejemplo, si estás en Alemania y alguien tuteó un enlace a un contenido que a Twitter se le avisó que de alguna manera es ilegal y la compañía efectivamente eliminó el mensaje para dicho país, el resto del mundo lo vería normal, pero a ti te aparecería un mensaje como éste:
Las restricciones estarán basadas en las direcciones IP de los usuarios.
Pareciera que no hay mucho de qué preocuparse con esta novedad, pero ¿qué ocurriría en caso de que se estuviera desarrollando una revolución en algún país y éste determine que es ilegal tuitear cualquier contenido relacionado con las protestas?
Al menos es una herramienta reactiva y no se trata de filtros instalados de antemano y Twitter asegura que cualquier material removido es estudiado caso a caso…
SNTE suspende reunión en Morelia por la violencia de la CNTE
MORELIA, Mich., 26 de enero.- Ante los actos de violencia que se registraron en esta ciudad, maestros de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pospusieron el XIV Congreso Seccional, programado para este jueves.
En un comunicado, los simpatizantes de Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, dieron a conocer que será durante los próximos días cuando se defina la nueva fecha para realizar la asamblea de renovación sindical.
Se detalla que en total fueron 27 mil los profesores que se quedaron sin realizar o llevar a cabo sus asambleas delegacionales.
Como se recordará, en un afán de impedir la realización de este evento, integrantes de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron este jueves cinco conatos de enfrentamientos en diferentes puntos de esta capital, mismos que dejaron como saldo cinco profesores lesionados y dos vehículos particulares afectados.
También comunicadores y reporteros gráficos, así como corresponsales nacionales, fueron agredidos por los llamados maestros democráticos.
Cabe hacer mención que tras las trifulcas y el anuncio de cancelación del Congreso Seccional, los maestros de la CNTE se apoderaron de las instalaciones de la Secretaria de Educación en el Estado (SEE), para exigir a las autoridades se deje de negociar con este grupo sindical. jgm
España firma en Japón el tratado internacional ACTA para luchar contra la piratería
- 20minutos.es
- La falta de transparencia ha dificultado que la sociedad y el Parlamento hayan monitorizado la aprobación de este tratado", dice una europarlamentaria.
- El objetivo del ACTA es el "Endurecimiento de Derechos de Propiedad Intelectual".
- Deberá ser todavía ratificado en junio en el Parlamento Europeo.
- Las principales leyes antipiratería en países de todo el mundo: mucho ruido y pocos resultados.
- a Unión Europea ha suscrito este jueves en Japón el Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), un acuerdo internacional que busca combatir la piratería y las falsificaciones a nivel mundial. El texto, que lleva ya varios años en negociación, deberá ser todavía ratificado en junio en el Parlamento Europeo.El acuerdo, al que se han suscrito 22 de los 27 todos los países de la UE -excepto Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania, que se espera que firmen el acuerdo más adelante- también ha contado con el apoyo de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.El objetivo principal del ACTA es el "Endurecimiento de Derechos de Propiedad Intelectual" (de hecho, así se titula uno de los capítulos)."Es un tratado que afecta a Internet", ha expresado la europarlamentaria Marietje Schaake tras conocerse la firma del acuerdo por la mayoría de países de la Unión Europea.Schaake se hace eco de las protestas de un grupo amplio de ONG's, organizaciones civiles, ingenieros, empresas y activistas, que temen el impacto del ACTA sobre la libertad en Internet y la libertad de expresión al obligar a los proveedores de servicio de Internet a vigilar los contenidos que circulan en sus redes."La falta de transparencia en las negociaciones ha dificultado que la sociedad civil y el Parlamento Europeo hayan podido monitorizar el proceso de aprobación de este tratado", ha añadido esta europarlmentaria crítica con el Tratado que de aprobarse finalmente en junio, en una sesión plenaria del 11 al 14 de junio, podría obligar a los países que lo adoptasen a ajustar su legislación nacional.
DÖRING SE ADELANTO A ANONYMOUS
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